El
conjunto de reformas coordinadas que endurecen leyes como la de
seguridad ciudadana, de seguridad privada, del aborto, y del código
penal, junto a la anunciada nueva ley de servicios mínimos o la ley
de procedimiento penal, se cierran como un puño frente a los
trabajadores y la sociedad en general, amenazando con golpearnos con
más fuerza que nunca.
La
CNT afirma que no estamos ante una regresión sino que en esta
ocasión el Estado muestra su verdadera faz y prioridades a la
población. El gobierno, su agente ejecutor, lejos de poner en
marcha mecanismos para afrontar la pobreza, generar empleo, servicios
sociales y aumentar los derechos civiles, elige la represión como la
única vía para mantenerse en el poder tratando de ahogar la
contestación social a sus políticas de explotación y expolio de
derechos a través del miedo.
La
elección de la represión mediante multas tiene además otros
objetivos: la inmediatez de la sanción, ocultar la violencia
policial, judicial y carcelaria, que desde luego no dejarán de usar,
pero que la hará invisible para buena parte de la sociedad. Además,
las multas gubernativas generan indefensión jurídica al tener menos
garantías incluso que un procedimiento penal ya que solo cabe como
defensa al recurso administrativo ahora mismo prohibitivo con las
nuevas tasas judiciales.
Y
para ello parecen no bastarle las diversas policías, con la nueva
ley de seguridad privada otorgan nuevas competencias a esta
parapolicía para interrogar, cachear y detener en espacios públicos
además de permitirles acceder a ficheros policiales.
Las
libertades esenciales están en peligro, la acción sindical y
social está amenazada con la tentativa de una ley de servicios
mínimos de huelga, la nueva ley de procedimiento penal coarta la
libertad de información sobre casos de corrupción que estén
judicializados, también esta en juego la libertad sexual y
reproductiva con la intromisión ideológica de la derecha mas rancia
y del nacional-catolicismo, ademas como telón de fondo; el
endurecimiento general e inhumano del código penal.
Para
ello, el Estado y el capital necesitan más material antidisturbios,
macrocárceles y aquí, por supuesto, no hay recortes sino aumento
del gasto, e insistimos, donde no llegue la seguridad “pública”;
llegará la privada.
El
gobierno intenta crear una ficticia sensación global de inseguridad
en la población utilizando los medios de comunicación que
controla, lanzado globos sonda con el avance del catálogo de
sanciones para luego aparentar rebajarlo. Con estas leyes no solo
algunos partidos se quitan la careta sino que otros intentan
ocultarse tras otra haciendo el papel de oposición, pero nosotros
recordamos la “Ley Corcuera” del PSOE y otras normas represivas
que deberían bastar para que nadie sea engañado de nuevo y deposite
su esperanza en el voto confiando en una clase política corrupta al
servicio del capitalismo.
Atacan
las formas clásicas de resistencia y el apoyo social a las
organizaciones combativas cultivando el miedo e intentan detener las
protestas sociales, promoviendo el colaboracionismo ciudadano con el
orwelliano “concepto integral de seguridad pública” que de
facto supone laminar los derechos de manifestación, libre expresión,
huelga, informacion y libertad sexual.
Una
parte de estas nuevas leyes están hechas para reprimir expresiones
de rebeldía recientes como son el movimiento antidesahucios, ciertos
sectores del 15M, las ocupaciones, acampadas en plazas...
Solo
a través de la lucha y la solidaridad podremos enfrentar éste grave
ataque a las libertades y derechos de la clase trabajadora. Con
esta estrategia coordinada de leyes represivas el capital a través
del estado pretende asegurar sus privilegios, gestionando su
democracia en crisis y criminalizando las revueltas que genera la
pobreza. La CNT estará en la calle oponiéndose a esta agresión
social en todas sus formas.
Es
necesaria un respuesta organizada, colectiva y contundente.
Si
el miedo empobrece y la represión amordaza, la lucha es el único
camino
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